¿LOS REPORTES EN DATACREDITO CADUCAN O PRESCRIBEN?
¿CUANTO TIEMPO DURA MI REPORTE EN DATACREDITO?
Bajo ningún argumento, una deuda puede estar reportada en
una central de riesgo financiero por más de 10 años. Algunas casas de cobranza
están cediendo entre sí las carteras, pretendiendo burlar el límite impuesto
por la Corte Constitucional.
La Ley 1266 del 2008 o también conocida como Ley de
Habeas Data, ha establecido los parámetros para que los acreedores puedan
reportar negativamente a las centrales de riesgo a sus clientes morosos.
De igual manera ha determinado el tiempo máximo de
permanencia, una vez se ha reportado negativamente y el deudor cancela la
obligación.
Pero qué pasa si el deudor nunca paga, ¿puede estar
reportado por tiempo indefinido?
La Ley de Habeas Data no se pronuncia sobre el particular
cuestionado, mas la Corte Constitucional sí puso un límite al establecer una
protección al buen nombre y al debido proceso, vía jurisprudencia con efectos
“erga omnes” (aplica para todos los casos), entre las que se puede resaltar la
Sentencia T-164 del 2010.
“la Corte Constitucional, sin pretender una apología al
no pago, ha definido que en Colombia no pueden existir obligaciones perpetuas,
todas prescriben”
En resumen, la Corte Constitucional, sin pretender una
apología al no pago, ha definido que en Colombia no pueden existir obligaciones
perpetuas, todas prescriben, y si bien las centrales de riesgo no se reconocen
como casas de cobranzas, el hacer publicación de una lista de morosos ejerce de
forma indirecta la labor de cobro público, pues todos los agentes del mercado
al hacer una revisión de la lista, se abstienen de tener relaciones comerciales
con quienes están reportados negativamente.
Por ello, la Corte
Constitucional ha establecido, que nadie puede estar reportado negativamente
por un término superior a 10 años así no se haya cancelado la obligación, pues
de lo contrario, estaríamos hablando de deudas imprescriptibles, prohibidas por
la Constitución Nacional.
La decisión de la Corte Constitucional: ¿cómo aplica para
la prescripción ordinaria y extraordinaria?
Pasado un período de 10 años desde que se ejecutó la
exigibilidad de la obligación, no se puede reportar, ni mantenerse reportado a
un deudor moroso en una central de riesgo, en consideración de que la obligación
ya estaría prescrita ordinaria y extraordinariamente, tal como en extensos
fallos la Corte Constitucional ha establecido reglas para la protección al Buen
Nombre y el Hábeas Data, lo que denominó el Derecho al Olvido.
Maniobras de algunos acreedores o casas de cobranza
Algunas casas de cobranza están queriendo evadir el
límite de los 10 años de reporte negativo, al cederse entre sí la obligación y
pretender que el último tenedor del título o cartera, hace el respectivo
reporte negativo.
Veamos la indebida maniobra con un ejemplo:
Pedro Pérez adquiere una obligación con un banco en el
año 2000, la cual entró en mora y se hizo exigible su pago en el año 2003.
Pedro Pérez nunca pagó; según la regla de la Corte
Constitucional, solo pudo estar reportado negativamente hasta el año 2013 (10
años).
El banco en el año 2014 cedió la cartera u obligación de
Pedro Pérez a la casa de cobranza N-Z; dicha entidad hizo el reporte a la
Central de Riesgo en el año 2014, al momento de gestionar la reclamación por
prescripción, la casa de cobranza argumenta que solo reportaron desde el 2013,
por lo que al momento del reporte (2014), únicamente lleva 1 año.
Sumado a lo anterior, en el 2015, la casa de cobranzas
N-Z, cede la obligación de Pedro Pérez a otra casa de cobranza N-Y y esta hace
el reporte bajo el mismo argumento.
En el ejemplo anterior, la obligación es una sola; la que
se adquirió con el banco en el año 2000 y entró en mora en el año 2003, con
independencia del número de acreedores que se hayan apropiado de la deuda por
medio de la figura de cesión de cartera, pues los términos de prescripción y de
reporte, no se calculan desde que la recibe el último acreedor, sino desde el
momento en que verdaderamente se generó la mora, para efectos del ejemplo,
desde el año 2003 y, por ende, desde el año 2013, no podía estar reportada
negativamente por ningún acreedor ante las Centrales de Riesgo.
La Jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Acción
de Tutela cómo mecanismo de protección
Veamos unos apartes de las sentencias de la Corte
Constitucional:
En las Sentencia de Unificación Jurisprudencial, las
sentencias SU-082 de 1995 y la SU-089 de 1995, expresan:
“… por cuanto el término no puede ser el mismo, para
aquel deudor que cancela, en relación con aquel deudor que no ha cancelado,
esta corporación, ante la evidencia del vacío legal ya mencionado, el juez debe
llenarlo acudiendo al razonamiento analógico, que enseña que donde existe la
misma razón debe aplicarse la misma disposición; en este caso, la regla general
de la prescripción de la acción ordinaria civil debe señalar que el término de
almacenamiento de datos de individuos que no hayan cancelado sus obligaciones
financieras será de diez (10) años; término similar al establecido por el
Código Civil 158 para la prescripción de la Acción Ordinaria. || Ahora bien,
este término comenzará a correr desde el momento en que la obligación sea
exigible. En otras palabras, una obligación “pura y simple” será exigible
cuando para su cumplimiento no es necesario aguardar el transcurso del tiempo o
el acaecimiento de determinada circunstancia. …” .
En la Sentencia de Tutela T-414 de 1992 dice: “… la
libertad individual del titular de los datos recolectados, procesados o
transferidos abarca el fuero interno – ámbito espiritual y psicológico – de la
persona. La utilización de datos personales es permitida mientras no se
vulneren los derechos a la intimidad, la honra y el buen nombre. Los términos
de prescripción de las acciones cambiarías y ordinarias son, entre otros,
límites jurídicos al derecho a informar y recibir información. La razonabilidad
de la limitación al derecho a informar y recibir información sistematizada
radica en que solo durante el término prudencial para hacer uso de las vías
judiciales se justifica el ejercicio del control social que eventualmente un
particular ejerce respecto de otro, lo cual se asimila a una forma de “justicia
privada”. || Cuando ya no es posible obtener el cumplimiento de una obligación
jurídica por las vías institucionales tampoco es admisible que el ordenamiento
jurídico ampare la vigencia de una sanción moral – muerte civil como la
denomina el accionante – con incidencia indefinida sobre la imagen y la honra
de una persona. …” .
Como se observa en el fallo citado, al no proceder el
cobro por las vías judiciales, tampoco procede por la vía de la justicia
privada, como sería la sanción social que implica un reporte en Centrales de
Riesgo Financiero.
Asimismo es importante recordar, que con la expedición de
la Ley 1266 del 2008 o Ley de Hábeas Data, toda la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, mantiene vigencia en la interpretación y defensa de los
Derechos al Buen Nombre y al Hábeas Data, según se interpreta en la Sentencia C
– 1011 del 2008, sentencia que declara exequible la Ley de Hábeas Data y que
mantiene vigente la jurisprudencia emitida sobre estos temas.
De otra parte y regresando al aspecto de la vigencia y
prescripción de la obligación tanto para su cobro por vías judiciales, como por
las vías sociales como sería esto último con los reportes a Centrales de
Riesgo, otras sentencias de la Corte Constitucional sobre el particular
expresan lo siguiente:
En las Sentencias T-412 y la T-486 de 1992, la Corte
Constitucional defiende el Buen Nombre y el Hábeas Data, al ordenar a las
centrales de riesgo al igual que al generador del dato (Entidades Financieras)
a eliminar de inmediato el reporte negativo de unos ciudadanos cuyas
obligaciones estaban prescritas judicialmente, por lo que no pueden estar en
las centrales de riesgo reportadas negativamente.
En la Sentencia T-414 de 1992, la Corte Constitucional
analizó la situación de un ciudadano quien, a pesar de haber obtenido sentencia
judicial que declaraba la prescripción de la obligación, continuaba reportado
negativamente en la central de información crediticia, pues según la
comunicación de la referencia, han pasado más de 10 años y solo hasta ahora se
pretende cobrar social mente y no jurídicamente, con el reporte a centrales de
riesgo.
Igualmente y en sentencias más recientes, la Corte
constitucional insiste como se observa en su fallo de tutela T-487 del 2004
donde repite: “… el término de caducidad
del dato no puede ser el mismo, para aquel deudor que cancela, en relación con
aquel deudor que no ha cancelado, y ante la evidencia del vacío legal
mencionado, el juez debe llenarlo acudiendo al razonamiento analógico, que
enseña que donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición, en
este caso, la regla general de la prescripción de la acción ordinaria civil y
debe señalar que el término de almacenamiento de datos de individuos que no
hayan cancelado sus obligaciones financieras será de diez años término similar
al establecido por el Código Civil para la prescripción de la acción
ordinaria.” (Por cambios en el Código Civil, 10 años ya son extraordinarios, no
ordinarios).
Por su parte la Sentencia T-164 del 2010, el juez indica:
“…Así las cosas, de acuerdo con la jurisprudencia vigente
de la Corte Constitucional, el término de caducidad del dato financiero
negativo, tratándose de la extinción de la obligación por cualquier modo
diferente al pago (incluyendo la prescripción liberatoria), es de cuatro años,
contados a partir del momento de ocurrencia del fenómeno extintivo. En
consecuencia, no se vulnera el derecho fundamental al hábeas data cuando una
entidad se abstiene de eliminar el reporte negativo que pesa sobre una persona
por el incumplimiento de una obligación civil que permanece insoluta, respecto
de la cual ha transcurrido un término menor de 10 años desde la fecha de su
exigibilidad”.
Finalmente, se debe tener en cuenta que no es necesario
iniciar un proceso judicial para que se considere prescrita si ya pasaron los
10 años en que se hizo exigible la obligación, si el acreedor se niega o la
central de riesgo tampoco retira el reporte negativo, procede inmediatamente la
Acción de Tutela en contra de las dos entidades, para que un juez de la
República en el término de 10 días dé su orden a través de una sentencia.
NOTA: El tiempo máximo de permanencia es de 14 años (10
años contados desde que la obligación se hizo exigible y 4 años más por ser
este el término de permanencia máximo en datacrédito cuando la obligación se
extingue por pago o por cualquier otro medio)
